En los últimos días ha tomado estado público la venta del 51,8% de las acciones mayoritarias de Edenor, proceso en el cual la empresa propietaria de las mismas, Pampa Energía (Marcelo y Damián Mindlin, R. Torres más acciones de Joe Lewis, Black Rock, etc.) las habría transferido al grupo empresario Empresa de Energía del Cono Sur EDELCOS e Integra Capital (Vila-Manzano-Filiberti, Andina PLC y otros fondos de inversión), pretendiendo adquirir así el manejo de la empresa distribuidora de electricidad más importante del país.
La venta figura en comunicados institucionales presentados a la Bolsa y Mercados de Argentina (BYMA), según información publicada, y su vigencia está sujeta a la autorización del Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE).
En nuestro país ese proceso de transferencia accionaria está regulado por el art. 32 de la ley 24065, que le atribuye al ENRE la facultad y obligación de autorizarlo previas audiencias con todos los interesados en el tema, investigando los motivos de la venta y toda otra circunstancia para evitar que se vulnere el servicio público en juego.
Es posible que el grupo Vila-Manzano-Filiberti evite solicitar esa autorización al ENRE sosteniendo que no es el mismo que posee las acciones mayoritarias de EDEMSA, subterfugio formal que el ENRE está habilitado para evaluar y, eventualmente rechazar, en virtud de sus amplias facultades legales establecidas por la ley 24065 para controlar la competencia en los mercados, actitudes monopólicas o de abuso de posición dominante: arts. 56 inc. c), 73 y 74 inc. b).
Mientras el ENRE no se exprese no puede adquirir vigencia esa transferencia de acciones. Lo sabremos cuando se realicen las audiencias respectivas, que por la importancia del tema debieran ser públicas, y así obtener la transparencia necesaria, como ha sido denunciado últimamente por diversas organizaciones de la comunidad, evaluando el ENRE a través de ese proceso público la seguridad del servicio público de electricidad correspondiente al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Edenor es una de las más importantes empresas de distribución eléctrica de Sudamérica, con 3,2 millones de usuarios servidos, en un contexto metropolitano de estructura compleja, siendo por lo tanto una de las concesiones de distribución de conglomerados urbanos más importantes del mundo.
Con los pocos elementos conocidos los actuales operadores de Edenor tienen una deuda con CAMMESA por la compra de electricidad de alrededor de 18 mil millones de pesos que resulta el doble del precio de venta de sus acciones que informan es de 100 Millones de U$D. También es cierto que existe una suerte de reconsideración de esas deudas, para todos los distribuidores, y que podría disminuirlas hasta un tercio, lo cual no es seguro ni está definido aún. De cualquier manera, el precio de las acciones es sospechosamente bajo y es uno más de los diferentes aspectos que debiera considerar y evaluar el ENRE para autorizar la transferencia.
El grupo adquirente no acredita en principio los recaudos establecidos en el proceso de privatización de SEGBA para Edenor y Edesur, que supone una acreditada experiencia en empresas de magnitud similar en distribución eléctrica, dada la importancia del desafío que representó su traspaso al sector privado, y además una solvencia financiera y técnica adecuada para la magnitud de la gestión a emprender. El grupo adquirente no cumple de manera evidente los requisitos antes referidos, y del mismo sólo se sabe de una corta experiencia en la empresa provincial EDEMSA, que está en crisis hace más de una década, tiene litigios con el gobierno mendocino, ha sido auditada con resultados que no la favorecen y, adeuda también importantes sumas a CAMMESA, no teniendo por tanto la solvencia o espalda financiera para soportar un congelamiento tarifario en ese territorio. Tampoco se sabe de su patrimonio real, y el resultado de sus operaciones, lo que deberá demostrarse en ese proceso público, si superara el posible condicionamiento tecnológico mencionado, que desde IESO consideramos fundamental para la gestión eléctrica de EDENOR.
Estos comentarios confirman la urgente necesidad de parte del Estado, a través del ENRE, y eventualmente de otros organismos o instancias públicas involucradas, de intervenir de acuerdo con sus competencias para aclarar al público en general de estas circunstancias, cumpliendo así con sus obligaciones legales.
De no darse las explicaciones satisfactorias en el marco de la ley para una adecuada atención de este servicio público, que es finalmente una responsabilidad del Estado Nacional según doctrina y jurisprudencia pacíficas en el tema , es de esperar que se rechace esa transferencia, y eventualmente se tomen los recaudos necesarios para el mantenimiento del servicio dentro de los parámetros contractuales de calidad de servicio, de producto y comercial, que hace años se incumple a pesar de los beneficios otorgados por el anterior gobierno a EDENOR por alrededor de $ 50.000 millones en un proceso oscuro que hoy se ventila en la justicia penal.
IESO – Instituto de Energía Scalabrini Ortiz