INTRODUCCIÓN
América Latina se ubica dentro del sistema energético mundial entre las regiones principalmente productoras de energía, gracias a sus reservas de hidrocarburos, minerales y fuentes renovables, la riqueza de su suelo y disponibilidad de agua que le permiten producir alimentos para un número exponencialmente mayor de habitantes que el que cuenta su población.
No son los pueblos ni los estados nacionales quienes manejan la gran mayoría de estas riquezas naturales y energéticas, sino los grandes jugadores del capitalismo global bajo la forma de transnacionales de la energía.
Todas las fuentes de energía existentes en nuestro territorio forman parte de los abundantes recursos naturales que posee Argentina.
Hay dos enfoques posibles sobre su utilización:
- Son bienes que pueden participar sin restricciones del libre juego de la oferta y la demanda en el mercado.
- Son recursos que pertenecen al conjunto de la población y por lo tanto su uso debe estar subordinado al interés general.
El dominio público de los recursos energéticos es la base conceptual que fundamenta el diseño de una estrategia para su explotación y uso, que tenga como función objetivo, el incremento concreto del bienestar de la población en su conjunto.
No es lo mismo, que el tipo y volumen de energía que se explota y utiliza (hidrocarburos, hidráulica, nuclear, solar, eólica, etc.) tenga por objeto satisfacer los requerimientos explicitados en un plan de desarrollo social y económico, o que sea la suma de un sinnúmero de negocios privados, cuyo efecto sobre las cuentas nacionales no interesa y ni siquiera se calcula. Ejemplos claros de esto fue la violenta caída de reservas en la gestión REPSOL de YPF, o la actual política tarifaria dolarizada, que resulta injusta, insensible y dañina del tejido social y productivo argentino.
La preservación del derecho público a disfrutar del beneficio de los recursos naturales, a través de la orientación de su explotación, no es un criterio retrógrado de organización del Estado, ni una forma superada de administración pública del patrimonio nacional. Se lo muestra así, para facilitar que esta parte importante y estratégica de la economía nacional, pase a manos de concretos fondos financieros internacionales, que son el producto visible del fabuloso proceso de concentración del poder financiero, que se desarrolla actualmente a nivel global.
La disyuntiva política es clara:
- Se resigna el objetivo de poner los recursos energéticos al servicio del bienestar general y se orienta la acción política a obstaculizar las aristas y consecuencias más negativas de la propuesta de Cambiemos.
- Se pone el esfuerzo para formular una estrategia de desarrollo del sector energético en el marco de un plan de desarrollo integral: económico, social, tecnológico y productivo.
El Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) propone orientar su acción política en el segundo de los enfoques planteados y en ese sentido viene trabajando.
No obstante, a meses de una elección y atendiendo al elevado grado de dispersión que presenta el espectro de las fuerzas políticas que estarían de acuerdo con este enfoque, creemos que es momento de incorporar y adecuar las propuestas del IESO, en el marco de ese proceso de concentración y suma que se supone se producirá en los próximos meses, para concretar la formación de un frente que se oponga al neoliberalismo extremo que expresa Cambiemos.
La relación estrecha e importante entre el sector energía y la macroeconomía nacional (balanza comercial externa, requerimientos de capital, ocupación laboral, preservación de los recursos naturales y el ambiente) obliga a que el diseño de una estrategia energética deba realizarse en el marco de una política de Estado global.
La disponibilidad de una adecuada variedad de fuentes y formas de energía depende de los requerimientos que provengan del tipo de actividades productivas y de la relación entre ingresos y tarifas, que determinará el mayor o menor acceso de la población a mejoras en su calidad de vida. Esa disponibilidad, a su vez, debe ser compatible con los recursos y restricciones que surjan del marco macroeconómico. Es una tarea compleja, que no puede desarrollarse considerando al sector energético en forma aislada.
La energía es al desarrollo nacional, lo que el aparato circulatorio y digestivo son al cuerpo humano. Vender la sangre y el trabajo físico para continuar vivos, son estrategias convenientes para países de Medio Oriente y África, con alta relación reservas/población. Nuestros problemas son muy diferentes. La energía y los alimentos pueden jugar roles mucho más productivos, en el sentido más amplio del término.
En los puntos siguientes del documento se plantean propuestas referidas a distintos aspectos del sector energético. Ese listado tiene el propósito de integrar estos y otros temas que pudieran faltar en el marco de las políticas macroeconómicas que se vayan delineando y en la mejor comprensión y cuantificación de los efectos que sobre el conjunto de la sociedad y sobre la actividad productiva tengan las propuestas formuladas.
POLÍTICAS SECTORIALES
1) Proponemos un plan energético insertado en un proyecto de país con protagonismo de la industria nacional en la configuración de su economía, con mayor inclusión laboral y ampliación del consumo popular, con una mejor distribución del ingreso, una amplia participación del trabajo, la ciencia y la tecnología nacional en ámbitos productivos, y con vocación de integración en la patria grande.
2) Dentro del debate hoy en el sector, asumimos que la mejor seguridad energética es obtener el autoabastecimiento nacional y de nuestra región.
3) Como marco general propugnamos un plan energético, con una matriz energético-industrial equilibrada entre las fuentes convencionales fósiles, y las renovables como las eólicas, fotovoltaicas y termosolares, así como con las nuevas usinas atómicas e hidroeléctricas. Asumiendo en forma pragmática los aspectos positivos y negativos heredados.
4) Apoyamos los planes de desarrollo de las energías renovables, pero con mayor participación de la industria y trabajo nacional en forma progresiva. El objetivo es avanzar en un programa pautado y realista en componentes básicos locales para las instalaciones, pero también en el desarrollo de los elementos estratégicos tecnológicos sobre la base del desarrollo de las capacidades laborales y profesionales publico-privadas. También alcanzar una potencia instalada de renovables razonable y responsable en equilibrio con las otras fuentes. También se requiere una reorientación del esquema actual del financiamiento de las centrales, que supone el uso del ahorro argentino para la financiación de las multinacionales energéticas y la importación de gran parte del equipamiento.
5) Las distribuidoras de gas y electricidad deben cumplir un rol de integración territorial, social y de modernización tecnológica que las ubique en una estructura estratégica para la población. De allí que una opción de integración público-privada es un camino posible, pero ante una realidad de un servicio deficiente y una captación abusiva de fondos pagados por los usuarios, el sentido común plantea la necesidad de un mayor protagonismo de la comunidad, la que proponemos como solución más conveniente. Deberá considerarse entonces integrar en la dirección de esas empresas a los actores con intereses concretos en su funcionamiento: gremios, usuarios, profesionales, etc. bajo una intervención estatal que garantice los intereses de la comunidad.
6) Propugnamos un sistema de interconexión troncal que asegure el transporte de los nuevos proyectos de energías renovables y otras centrales hidráulicas para alcanzar un desarrollo armónico entre oferta y demanda del país. El Estado debe formular las políticas respectivas y conducir el proceso de infraestructura de transporte, y mantener la mayoría accionaria en las empresas del sector que sea necesario.
7) Focalizar una política nacional tanto en gas como en petróleo. La importación de hidrocarburos no es la vía para obtener la seguridad energética ya que nuestro sector externo es estructuralmente frágil. Eso implica entre otras cosas promover la exploración tanto de convencionales como de no convencionales y off-shore. Con relación a los primeros enfocar a cargo de YPF esa tarea, dirigida a obtener nuevos yacimientos. Establecer una nueva política de hidrocarburos con el fin de maximizar su producción con contratos nuevos que recuperen la necesaria renta nacional de un recurso natural no renovable. No aceptar contratos que no contengan las prioridades nacionales.
8) Fortalecer a YPF como empresa de bandera en su desarrollo productivo y tecnológico en las áreas convencionales, off shore y no convencionales en especial el shale en pos de una política de autoabastecimiento de hidrocarburos con precios del petróleo y del gas acordes con los costos. Crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos, dotándola de amplias facultades regulatorias para el sector .
9) El plan energético debe sustentar una energía barata sustentable para el desarrollo nacional y precios pesificadas, con tarifas transparentes, justas, y acotadas a las posibilidades de pago. Para ello resulta necesario regular el precio del gas para residenciales, pymes y para la generación eléctrica estableciendo un precio interno del gas no convencional en relación a su costo auditado de explotación del orden de 3 U$/MMBTU, y un precio del gas convencional alineado con costos reales, de tal manera que el promedio se halle en torno, o por debajo del valor arriba indicado.
10) Establecer reglas de maximización de la tecnología nacional en la exploración y explotación de los hidrocarburos, como condición en los contratos respectivos. Conveniencia de volver a los contratos de producción, alternativa que podría quedar consignadas en una nueva ley de hidrocarburos.
11) Recuperar las capacidades nucleares, en particular reactivar los proyectos de las dos centrales programadas por el gobierno anterior, declaradas de interés nacional bajo Ley 26.566, priorizando la mayor participación posible de la industria nacional. Agilizar el desarrollo del proyecto CAREM. Apoyar la institucionalización de la empresa nacional encargada de la conducción de esas obras y la reorganización del entramado empresario nacional para la provisión de la tecnología e insumos para la industria nuclear. Recuperar las capacidades en el ciclo de combustible nuclear, incluida una capacidad industrial de enriquecimiento de uranio para abastecer una fracción del consumo, y mantener abierta la capacidad de reprocesamiento del combustible gastado. No aceptar compromisos internacionales que obstaculicen el desarrollo nuclear nacional autónomo.
12) Generar un organismo nacional de promoción y fiscalización de la construcción de grandes centrales hidroeléctricas que surjan de la programación del Ministerio de Energía. Agilizar la construcción de las centrales Kirchner y Cepernic, Ita Cuá, Chihuido, Panambí y Garabí entre otras menores, incorporando 4.000 MW de potencia instalada proyectadas al 2025.
13) Articular una regulación y gestión medioambiental sustentable de todos los proyectos. Una matriz equilibrada y el cuidado del medio ambiente, siempre presente, no deberá alejar la promoción de otras energías primarias no renovables que pueden tener ventajas comparativas en costos y seguridad. Fortalecer los Organismos de Control para monitorear el no cumplimiento de normas y protocolos de prevención como de aplicar las sanciones correspondientes.
14) Ampliar el Fondo Sectorial de Energía del MINCyT. Invertir en Investigación y Desarrollo en la Universidades sobre Eficiencia y ahorro de energía en equipos de uso final, instalaciones de transformación y transmisión. Ampliar las aplicaciones y utilización de la Biomasa en proyectos de cogeneración térmica y eléctrica.
15) En eficiencia energética ampliar los beneficios fiscales y el financiamiento que amplíe medidas de ahorro, conservación y eficiencia energética. Promocionar con la Provincias la aplicación en viviendas de carácter social e industriales las tecnologías de Sistemas Solares Térmicos (SST), particularmente para la región del NEA. Incentivar la Arquitectura Bioclimática con el uso de materiales termoaislantes. Promover la eficiencia y calidad de motores eléctricos. En el área industrial y agrícola promover planes nacionales realizando diagnósticos-auditorias de eficiencia eléctrica y térmica. Crear una Agencia Nacional de Eficiencia Energética promoviendo una gestión de un Uso Razonable, Responsable y Eficiente de la Energía (URREE).
16) Promover la forestación de las áreas urbanas y periurbanas mitigando el efecto de calentamiento por urbanización concentrada lo que se traduce en mayor utilización de aires acondicionados.
17) En lo institucional, relanzar el Ministerio de Energía, adecuándolo a las reales necesidades de la política enunciada de planificación y gestión de los servicios públicos de carácter universal. Redefinir el esquema institucional de CAMMESA, acotando el protagonismo de los sectores privados en ella, y fijando una nueva evaluación de los costos de la energía eléctrica con base en la remuneración real de su producción y el objetivo de un precio adaptado al desarrollo de la economía antes que al negocio privado.
IESO 25-11-2018